Empresas y asociaciones proceden ante entes gubernamentales para detener los cierres injustificados de actividades esenciales.
La empresa brasileña de cárnicos JBS informó que va a buscar recursos legales luego de que una autoridad laboral local ordenara el cierre de una planta avícola al sur de Brasil, en el pueblo de Ipumirim, Santa Catarina, para contener el contagio de COVID-19. La empresa dijo a Reuters que la planta da empleo a más de 1,400 personas y procesa unos 135,000 pollos al día.
Según la información de las entidades del gobierno del estado, el cierre se dio después de una inspección en las que “encontró graves irregularidades, relacionadas principalmente con la ausencia del distanciamiento de seguridad entre los trabajadores de la línea de producción y la falta de medidas de supervisión para controlar la propagación del virus”.
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Después de la inspección, se confirmaron 86 casos de COVID-19 en esa planta de JBS, que son casi el 5% de los trabajadores que laboran ahí. De acuerdo con las autoridades, representan también casi el 2% de todos los casos de COVID-19 en Santa Catarina y el 14% de la región.
Los cierres de plantas de JBS a causa de un brote del coronavirus también se han registrado en otros estados, como la de Passo Fundo, en Rio Grande do Sul. JBS declaró injustificados los cierres, pues cuenta con estrictos protocolos de prevención en contra de la propagación del coronavirus en todas sus unidades.
Cierres podrían tener “consecuencias graves”
Las molestias por los cierres de plantas de procesamiento de carne y, en esta caso, de aves, se extienden más allá de las empresas directamente involucradas. Por ejemplo, la Asociación Brasileña de Reciclaje Animal (ABRA) acaba de emitir un manifiesto por el cierre de plantas de procesamiento avícola en Rio Grande do Sul dirigido al jefe del gabinete de la Presidencia de la República.
En dicho manifiesto hace hincapié en las rigurosas normas higiénico-sanitarias expedidas por el Ministerio de Agricultura, Industria Pecuaria y Abastecimiento, así como las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Salud que sigue la industria de alimentos para humanos y para animales que evitan la diseminación del nuevo coronavirus.
La ABRA también hace énfasis en que es imperioso anotar el riesgo del enorme impacto que podría afectar a toda la cadena de alimentación humana y animal, con consecuencias graves para el medio ambiente.
Para demostrar este escenario de pérdidas económicas y posibles daños ambientales que pueden ocurrir por los cierres, pone de ejemplo una planta que procesa 300,000 aves al día, que produce mensualmente 13,104 toneladas de alimentos destinados a la alimentación humana y genera 5,616 toneladas de residuos. Al no producirse este cantidad de pollo en una sola planta, al año de dejarían de producir 37.44 millones de raciones alimentarias de 350 g cada una que alimentan 1.25 millones de personas, si se consideran 30 raciones al mes.
Así, la paralización obligatoria de las plantas de sacrificio no solo perjudica a toda cadena productiva de productos de origen animal y de producción animal, sino que afecta directamente la oferta de alimentos para la población, además de la producción de ingredientes para la alimentación animal.
La comparativa publicada por la ABRA se extiende hasta la afectación a los granjeros por contrato y productores de maíz y soya del país. No obstante, algo que parecería que queda al final de la cadena y que pocos ven en una planta como la del ejemplo, es que deja de producir 2,527 toneladas de ingredientes para alimentación animal, entre harinas y grasas.
Junto con eso, existe además el riesgo inminente de catástrofe ambiental por dos aspectos, que son el destino de las toneladas de residuos no comestibles de la planta y lo que implica el despoblamiento de las granjas.
Al no ser posible destinar todas las aves despobladas, canales y residuos animales a las plantas de reciclaje animal y como el compostaje es un costo adicional, el otro posible destino sería los rellenos sanitarios. Esta última alternativa es aún más onerosa y totalmente contraria a las políticas públicas de la no utilización de vertederos o basureros abiertos.