El nuevo marco regulatorio fue firmado por el saliente presidente Tabaré Vázquez y otorga facultades especiales a la Dirección General de Servicio Ganaderos.
Mediante un boletín oficial, la Presidencia de la República Oriental del Uruguay informó acerca del reciente decreto presidencial que “actualizó la normativa de regulación del funcionamiento del sector avícola”. Si bien la noticia fue dada a conocer el 27 de diciembre, la firma del mencionado decreto habría ocurrido cuatro días antes en la oficina del primer mandatario charrúa.
“El decreto que regula desde este mes el sector avícola incluye capítulos referidos al registro y habilitación de establecimientos de producción y de faena de aves y acopio de huevos, a la documentación del stock vivo y a la identificación de faenados. A su vez, el texto faculta a la Dirección General de Servicios Ganaderos a decomisar, sacrificar o destruir productos por razones sanitarias o incumplimiento de bienestar animal”, detalló el comunicado.
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Junto a la rúbrica del presidente Tabaré Vázquez, en el referido decreto aparecen también las de los ministros Enzo Benech, de Ganadería, Agricultura y Pesca, y Jorge Basso, de Salud Pública. Esta nueva normativa “fue creada para fortalecer la avicultura nacional mediante políticas referentes a la salud y el bienestar animal, así como a la inocuidad alimentaria, a fin de potenciar la competitividad y alcanzar mercados internacionales de alta exigencia”.
Este nuevo marco regulatorio también propone la futura certificación de los procesos de producción de la materia prima, así como el control y la supervisión de las condiciones de producción, comercialización e industrialización de aves y huevos, “con el fin de minimizar el riesgo sanitario en todos los procesos de la cadena alimentaria”.
El decreto dispone igualmente la inclusión de herramientas informáticas que incluyan los datos del sector avícola en el Sistema Nacional de Información Ganadera. Por último, establece que la Dirección General de Servicios Ganaderos puede planificar, conducir, regular y ejecutar “programas sanitarios de prevención, vigilancia, control y erradicación de enfermedades aviares, por razones sanitarias, ambientales o exigencia de mercados internacionales”.
Entre estas facultades, dicha Dirección General tiene ahora la capacidad de “disponer, por resolución fundada, decomisos, sacrificio sanitario mediante faena o destrucción total de aves, por razones sanitarias o por incumplimiento de normas de bienestar animal”.
Lea el decreto aquí.