Autoridades argentinas indagan por sobrecostos y exportaciones no declaradas desde el país austral al caribeño, de 2008 a 2015.
De acuerdo con un reciente informe de auditoría preparado por la Sindicatura General de la Nación Argentina (SIGEN), el Juzgado Nº 6 en lo Penal Económico “investiga buena parte de los contratos y las operaciones comerciales de exportación argentina a Venezuela durante los años del kirchnerismo y el gobierno venezolano de Hugo Chávez”.
Dichas pesquisas tienen como objeto principal las exportaciones de carne de pollo realizadas por el conglomerado gaucho Granja Tres Arroyos, que alcanzaron un promedio en volumen de 60,000 toneladas, con un importante pico de 150,000 toneladas a principios de la presente década. Sobre este particular, el diario El Entre Ríos publicó recientemente un detallado informe del que resumimos sus principales conclusiones.
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“Los datos que hoy investiga la justicia argentina apuntan a diversas irregularidades en la documentación que sustenta las operaciones comerciales de Tres Arroyos con el gobierno de Venezuela. En la lista de facturas y comprobantes que constan en el informe de Auditoría de SIGEN, se detalla una larga lista de irregularidades”, apuntó el reporte.
Entre las irregularidades insinuadas están los “sobreprecios que se detectaron al comparar los valores de factura de los bienes exportados respecto a los precios internacionales de mercado para esos mismos bienes. También existen bienes exportados a Venezuela, facturados por exportadores argentinos, que no figuran en los registros oficiales del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) como salidos del país”.
Asimismo, los “comprobantes conocidos como CAE (Código de Autorización Electrónico), que garantizan la vigencia de las facturas de las empresas, son ‘ilegibles’ o están ‘vencidos’ en muchos casos, lo que invalida los comprobantes otorgados. Por eso en la causa judicial no descartan investigar el caso como parte de una maniobra de defraudación al fisco”.
En el prontuario judicial están documentadas cada una de las operaciones comerciales que formaron parte del Fideicomiso Financiero PDVSA, coordinado por la poderosa petrolera venezolana en acuerdo con el gobierno argentino y un puñado de empresas ampliamente favorecidas por la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta y actual candidata a la vicepresidencia de Argentina.
Por último, el reportaje sostiene que “la hipótesis de la justicia argentina en relación a los sobreprecios está centrada en los informes de Auditoría de la SIGEN y no descartan que se trate de un posible ‘soborno transnacional’ en el que empresas argentinas participaron de maniobras de defraudación a Venezuela con la complicidad de los funcionarios de Argentina”.