Declaraciones juradas indican que había causa probable para creer que las plantas avícolas de Misisipi sabían que algunas personas contratadas eran inmigrantes indocumentados.
Funcionarios federales de inmigración aseguraron que existe causa probable para creer que las compañías avícolas cuyas plantas formaron parte de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos el pasado 7 de agosto violaron la ley al contratar a sabiendas a inmigrantes indocumentados, según declaraciones juradas de órdenes de allanamiento reveladas recientemente.
De las siete instalaciones allanadas, tres eran operadas por Peco Foods, la octava compañía avícola más grande de Estados Unidos, y otra por Koch Foods, la quinta compañía de pollos de engorde más grande del país. Otras compañías con instalaciones que estuvieron dentro de la redada fueron PH Food, A&B y Pearl River Foods, según informó The Washington Post. Todas las instalaciones están en el estado de Misisipi.
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De acuerdo con The Washington Post, las órdenes de allanamiento alegan que la compañía contrató a trabajadores que usaban monitores de tobillo mientras esperaban las audiencias de deportación, así como a personas que dieron números de Seguro Social pertenecientes a personas fallecidas, y contrataron a la misma persona dos veces a pesar de que el trabajador utilizó distintos nombres para solicitar en cada ocasión.
En la actualidad, ninguna de las empresas ni ninguno de sus equipos directivos han sido acusados de violación de la ley federal de inmigración.
En las redadas, 680 personas fueron arrestadas. Sin embargo, un día después de las redadas, los funcionarios de ICE declararon que 303 personas fueron liberadas. Alrededor de 30 de estos fueron liberados por razones humanitarias, mientras que el resto fueron procesados por ICE y luego puestos en libertad.
Peco Foods le dijo al Washington Post que estaba “cooperando completamente con las autoridades” y que “está analizando una posible interrupción de las operaciones”.
En una declaración en su sitio web, Koch Foods expresó que “existe tensión entre las leyes federales para prevenir la discriminación, como la discriminación por origen nacional, y las leyes de inmigración para verificar la elegibilidad para el empleo”.
“La ley federal prohíbe que un empleador solicite durante el proceso de verificación de empleo más documentos de los que el empleado presenta cuando son documentos que parecen auténticos. Solicitar más documentos somete a un empleador a responsabilidad legal por discriminación por ‘exceso de documentación’. Del mismo modo, un empleador cometería una discriminación ilegal de origen nacional si se negara a contratar a un trabajador sobre la base de que el trabajador proviene de otro país si el trabajador presenta documentos que parecen ser auténticos. Además, el sistema E-Verify no detecta si un trabajador está trabajando bajo una identidad robada de una persona autorizada”, afirmó la compañía.
“El efecto neto de todo esto es que un empleador como Koch Foods puede cumplir con diligencia y vigilancia las leyes de inmigración y aún no saber si algunos de sus trabajadores no están autorizados (de permanecer en el país)”, agregan las expresiones.
Después de las redadas de las plantas avícolas, el National Chicken Council (NCC) escribió una carta al presidente Donald Trump; al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell; al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer; a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y al líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, instando a los líderes del gobierno para ayudar a la industria avícola a prevenir mejor la contratación de inmigrantes sin documentos al proporcionar un método de verificación más confiable.
“La industria de pollos de Estados Unidos utiliza todas las herramientas disponibles para verificar la identidad y el estado legal de inmigración de todos los posibles empleados”, dice la carta firmada por el presidente del NCC, Mike Brown. “Desafortunadamente, el gobierno no proporciona a los empleadores un método de verificación confiable para prevenir el fraude de identidad y la falsificación de documentos y confirmar con confianza que los nuevos empleados están legalmente autorizados para trabajar en Estados Unidos”.