Los productores de la oleaginosa en este país suramericano rechazan el incremento en el impuesto de exportación, que subió del 30 al 33%.
En la segunda semana de marzo de 2020, mes en el que se espera dar inicio a una generosa cosecha argentina de soya, los cultivadores del grano estudian una paralización de actividades como protestas contra las más recientes medidas tributarias definidas recientemente por el gobierno populista del presidente argentino Alberto Fernández.
Dentro de las nuevas normas, el ejecutivo decidió incrementar la retención a exportación de soya, lo que generó gran tensión con los productores. “La Administración de Alberto Fernández oficializó la medida el 5 de marzo, al ser publicada la resolución en el Boletín Oficial. El alza en las retenciones a la exportación se aplicará a una serie de productos del campo, sin embargo, son los productores de soya los que sufrirán el mayor avance al aumentar la cuota actual de 30% hasta un 33%”.
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Así lo informaba la agencia noticiosa Reuters, que explicó en su cable que “las retenciones al campo son un impuesto que recauda el Estado argentino, sin coparticiparlo con las provincias, respecto a las exportaciones agrícolas. En el Boletín Oficial, el Gobierno argentino señala que el incremento se sustenta para mejorar los ingresos fiscales en un contexto económico de endeudamiento, alta inflación, recesión creciente, desempleo generalizado y emergencia alimentaria”.
La principal voz de protesta a estas medidas fue la de la Confederación Rural de Argentina (CRA), una patronal de productores agropecuarios, cuyos voceros explicaron que “nos hemos visto obligados a tomar medidas en defensa de la condición más dignificante del alma y del hombre como tal, nuestro trabajo. Esto (el incremento de la alícuota) solo generará una menor producción que veremos reflejada en la próxima campaña con una disminución de la intención de siembra y una clara reducción en el paquete tecnológico a invertir”.
La CRA emitió un comunicado en el que hizo un llamado al “cese de comercialización de granos con destino a industria y exportación, y de ganado vacuno para faena”, medida que entró en vigor el 9 de marzo y se espera que finalice el 12 de marzo.
“Al público en general, manifestamos que esta decisión no provocará aumentos sobre los precios ni desabastecimiento. Es una manera de hacer escuchar el largo reclamo, ya que con esta carga tributaria no podemos producir y, de persistir esta situación, el futuro de la familia agropecuaria se verá muy comprometido”, indicó la CRA en un comunicado.
Esta confrontación llega cuando en la víspera organismos como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) habían elevado sus previsiones para la zafra de soya en el periodo 2019-2020. En su más reciente informe se proyectó una cosecha de 54.4 millones de toneladas, fruto de 17.4 millones de hectáreas sembradas.