Bioseguridad aviar en un país exportador, caso de Chile

El trabajo conjunto de la agroindustria y la autoridad sanitaria por garantizar inocuidad abrió 35 destinos para el pollo y pavo chilenos. ¿Cómo han manejado sus episodios de influenza aviar?

El bien ganado buen nombre del estatal chileno Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) es uno de los pilares que sostiene el éxito exportador de alimentos ostentado por este país suramericano en los últimos 30 años. Su gestión como autoridad sanitaria es resaltada siempre por la agroindustria nacional.

Una de las más recientes ocasiones para ello se dio durante la celebración de la VI Jornada Regional Sudamericana de Avicultura, convocada en Quito, en julio pasado, por la Asociación Latinoamericana de Avicultura (ALA) y la Corporación Nacional de Avicultores de Ecuador (Conave).

El presidente ejecutivo de la gremial exportadora Chile Carnes, Juan Carlos Domínguez, explicó allí que “los altos estándares de bioseguridad que mostramos como agroindustria y que nos reconoce el mundo son posibles gracias al trabajo conjunto con el SAG, nuestra quinta barrera que nos permite disfrutar de un gran estatus sanitario”.

Domínguez se refiere a las cuatro barreras naturales que históricamente han mantenido resguardado al campo chileno de males endémicos en otras latitudes del continente: el desierto de Atacama al norte, los Andes al oriente, el Pacífico en el oeste y los hielos antárticos al sur.

“Desde luego, todo se enmarca en un desafío de país que nos trazamos empezando los años 1980 para buscar nuevos mercados y abrir la economía. Gracias a la bioseguridad, firmamos 28 acuerdos de libre comercio que nos permiten hoy acceder a 35 países; además, aplicamos criterios globales de sustentabilidad, bienestar animal y uso racional de antibióticos”, agregó.

El dirigente explicó que, a lo largo de estos años, han logrado construir, de forma concertada y observando lineamientos internacionales, 11 programas de vigilancia para la producción comercial de pollo y pavo, los cuales parten desde el recibo de insumos para controlar su nivel de dioxinas (60% del maíz y 100% de la soya son importados) e incluyen la operación de plantas de alimentos balanceados y de las instalaciones de faenado.

En 2018, Chile exportó el 24% de su producción de pollo y el 42% de la de pavo por un valor de US$310 millones. Los embarques se destinaron mayormente a Estados Unidos, la Unión Europea, China, México y Colombia. (Olga Korotova | Shutterstock.com)

Estructura articulada

En esa misma reunión quiteña de la avicultura regional, estuvo presente el médico veterinario chileno Hugo Araya, responsable de la regional pecuaria del SAG en Valparaíso. El funcionario detalló las labores adelantadas “prefrontera, en frontera y posfrontera”.

Las primeras son las visitas regulares que hacen entre pares de los 35 países que han abierto sus mercados a la carne aviar chilena, la llamada “diplomacia sanitaria” que define procesos estandarizados y autorizaciones a instalaciones en cumplimiento de las directrices de la Organización Mundial de Salud Animal (OIE).

Las tareas de control en la frontera tienen que ver con la vigilancia de cargas, pasajeros y equipajes en puertos, carreteras y aeropuertos para evitar el ingreso de material orgánico peligroso, así como el seguimiento a fármacos permitidos para la agroindustria. “En la posfrontera, ya en el interior del territorio chileno, los empresarios avícolas son nuestros mayores aliados”, sostuvo.

El SAG despliega planes permanentes de vigilancia activa con visitas a las granjas comerciales, traspatios, tiendas de animales y humedales donde se concentra la avifauna migratoria. “Quiero destacar la labor de vigilancia pasiva de los veterinarios en las granjas avícolas, es transparente y oportuna a la hora de notificar episodios posibles de enfermedades”, dijo Araya.

En ese sentido, desde 2008 dichas actividades de control se vieron reforzadas con un cambio estratégico: la inspección sanitaria de las plantas de beneficio pasó de las autoridades en salud humana al resorte del SAG, más competente para ejercer un doble control necesario que abarque la sanidad animal.

“Esta estructura operativa no serviría de nada si no contáramos con laboratorios de calidad. Tenemos los del SAG y también logramos establecer una red de apoyo con laboratorios privados de universidades y de las empresas avícolas; todos son auditados por una tercera entidad. Con la academia revisamos productos de exportación y con los privados se hacen prediagnósticos que, si son positivos, se corroboran en los nuestros”, destacó.

Mediante un seguro privado, el gremio facilita indemnizaciones a explotaciones de traspatio afectadas por brotes de enfermedades como la influenza aviar. (AleksKey | Shutterstock.com)

Superación de emergencias

Araya recuerda los casos más sonados y que afectaron el esfuerzo exportador de los avicultores, el cual empezó en el 1990 con los primeros envíos a Bolivia y Venezuela. “La influenza aviar es la enfermedad que más preocupa porque, dependiendo de su tipología (si es H5 o H7) y patogenicidad, debe ser reportada urgente a la OIE y genera la restricción de envíos al extranjero”.

Resaltó el avance en la calidad de la respuesta sanitaria desde los graves episodios de 2002, “un brote de baja patogenicidad se nos convirtió en uno de alta en una semana. Cuando vemos los registros fotográficos y de video, debemos reconocer que en realidad la indumentaria, los elementos y hasta la manipulación de los animales hoy no serían admisibles”.

Ese brote afectó a 617,000 gallinas reproductoras y 44,000 pavos de engorde de dos granjas. “La vigilancia pasiva de la empresa fue crucial. Aplicamos el sacrificio con dióxido de carbono, entierro en granja, limpieza, desinfección, vacío sanitario y retoma de condición. Fue un caso complejo porque prácticamente significaba la desaparición de una empresa y dejaba al país con un monopolio aviar. La competencia terminó ayudando a la recuperación de la otra firma”.

Siempre de la mano de los productores, el SAG ha logrado superar recurrentes casos de este mal y ha aprendido en cada uno. Por ejemplo, con la cepa de H1N1 de 2009-2010, se dio el único caso comprobado de influenza aviar por antropozoonosis, “pues un operario infectado sopló unas pajillas para inseminación de pavas y terminó implantándoles el virus”.

En el 2011, hubo otro de H4N8 que Araya recuerda especialmente por haber sido asintomático. “Lo descubrimos porque un lote de 500,000 pavos iba a ser exportado. Desde México pidieron muestras de los animales antes del envío y allí apareció el virus”. Cinco años después, otros 350,000 pavos se vieron infectados por la cepa H7N6, “solo presentaban un ronquido y una mortandad normal en nivel superior. Eran animales de 18 semanas, listos para el faenado que igualmente fueron reportados”.

De este último caso recuerda el uso de espuma para el sacrificio sanitario, con equipos facilitados por la empresa. “Aprendimos trabajando en llave a agregar una sustancia virucida a la espuma para conseguir más ventajas. Además, gracias a otras actividades de vigilancia pasiva, establecimos que el virus entró por el suministro de agua que era compartido en la fuente por patos silvestres, lo que hizo actualizar todo el sistema”.


Un sistema que genera confianza

Juan Carlos Domínguez, de Chile Carnes, ejemplificó con el caso de 2016 la reacción a un brote de influenza aviar y su impacto en la actividad exportadora. “El 29 de diciembre se detectó. Al día siguiente, se suspendieron las exportaciones y se repatriaron los últimos envíos de las tres zonas involucradas. Por feriado, a los tres días se notificó a la OIE. A los seis días del reporte, se confirmó la baja patogenicidad. En marzo de 2017, era ya brote resuelto y, en junio, volvimos a tener la declaratoria de libre de influenza aviar. Es un éxito haberlo logrado en ese tiempo por la calidad y prestigio del SAG. Nos costó el proceso US$6.2 millones, pero las pérdidas totales por ventas que no se pudieron hacer pueden ser de US$200 millones. Solamente hasta diciembre de 2018 pudimos lograr la reapertura del último mercado, que fue China”.

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