Gobierno del presidente Luis Lacalle Pou sacó adelante su multitemática Ley de Urgente Consideración, que, en algunos de sus cerca de 500 artículos, dispuso modificaciones que impactarán la avicultura en este país.
A la espera de la conciliación final de sendos textos aprobados en el Senado y la Cámara de Diputados de la República Oriental del Uruguay, es un hecho que el nuevo gobierno del país sacó adelante su primera gran propuesta legislativa: la Ley de Urgente Consideración, con la cual el presidente Luis Lacalle Pou avoca la reorganización de distintas áreas del Estado charrúa.
Según publicaron diferentes medios montevideanos, entre ellos El Espectador, esta nueva ley marco contempla en su abultado articulado cambios formales en aspectos tan variados como la seguridad ciudadana, el código civil y hasta la producción agropecuaria. Para este último sector, interesan varias decisiones como las nuevas competencias del Instituto Nacional de la Carne (INAC) y la creación del Instituto Nacional de la Granja y del Instituto Nacional de Bienestar Animal.
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Entre las nuevas competencias del INAC —organismo que también tiene que ver con la producción de pollo— hay cambios relacionados con la habilitación, registro y control de todas las carnicerías del país, al igual que con la elaboración de productos cárnicos embutidos artesanales, tareas de investigación de mercados y la defensa de la transparencia comercial e inocuidad en la comercialización de carnes y sus derivados.
Sobre el futuro Instituto Nacional de la Granja, el diputado Adrián Peña explicó que este fue un añadido al proyecto de ley inicial por parte de los congresistas y que consiste en una evolución institucional de la actual Dirección General de la Granja perteneciente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), creada a su vez en 2007.
“La arquitectura y financiación del nuevo instituto será definida en otra ley que debe ser expedida en seis meses, a más tardar en diciembre”, dijo el legislador, aunque se espera que con la nueva entidad se profundice la política de “promoción de la seguridad alimentaria”, apoyando la labor de pequeños productores agropecuarios, incluidos emprendimientos avícolas de subsistencia.
Por último, el nuevo Instituto Nacional de Bienestar Animal elevaría el estatus de la todavía vigente Cotryba (Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal), organismo que, desde su creación en 2009, se ha centrado en el control y manejo de la población canina y otros animales de compañía, no en la importante actividad pecuaria uruguaya.
El bienestar en animales de producción en territorio charrúa se da de tiempo atrás por autorregulación de los productores pecuarios, principalmente de los dedicados al ganado vacuno y por exigencias exportadoras.
Se espera que el nuevo instituto defina las primeras normas oficiales en bienestar animal para la cría y proceso de vacunos, ovinos, cerdos y aves, ya que, a diferencia de la actual Cotryba (en el que participan tres ministerios y el congreso de intendentes o gobernadores), pasará a depender directa y exclusivamente del MGAP.