La clausura de las instalaciones se dio en 2016 por supuestas razones ambientales; la agroindustria española Ibérico exige una compensación de US$91 millones.
Trascendió recientemente que la firma española Ibérico había formalizado su demanda contra el estado costarricense por el cierre de su planta procesadora de pollos en la ciudad de Grecia (centro), ocasionado por lo que el querellante considera como una decisión gubernamental arbitraria.
De acuerdo con el medio digital tico AR.com, la demanda fue instaurada en el mes de marzo de 2020 y solo trascendió como noticia en la última semana de mayo. Según la misma fuente, el gobierno de Costa Rica tendría hasta finales de julio para presentar sus alegatos.
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Las diferencias serán resueltas por un arbitraje internacional convenido entre las partes en 2019, luego de que el empresario español Alejandro Diego Díaz Gaspar, representante legal de Ibérico, denunciara al estado centroamericano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Un año después de esa denuncia, Ibérico presentó la esperada demanda que busca el reconocimiento de perjuicios por US$91 millones.
“El demandante alega que una supuesta serie de actos administrativos en contra del manejo de residuos y tratamiento de la planta procesadora de pollos Ibéricollevaron al cierre definitivo de su negocio y solicita una suma aproximada a los US$90 millones por concepto de daños y US$1 millón por concepto de daño moral. Los daños, así como el monto de ellos, deben ser probados por el demandante”, dijo la ministra costarricense de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez.
La clausurada planta de procesamiento aviar de Ibérico en el municipio de Grecia empezó operaciones en 2010 y desde 2014 empezó a registrar conflictos con comunidades vecinas “por la generación de olores y plaga de moscas”. Esta situación llevó a su cierre en 2016, ordenado por los Ministerios de Salud y de Agricultura, al igual que el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa).
El empresario Alejandro Díaz afirma que el “verdadero trasfondo” para tal decisión, que habría dejado sin trabajo a 600 operarios, fue la influencia “de un constructor que pretendía desarrollar un proyecto en terrenos adyacentes a la fábrica”.