Gremios avícolas se unen a las autoridades sanitarias para que el contenido acuoso adicional no sobrepase el 12 por ciento.
Comprometidos contra la adulteración de alimentos como la carne de pollo, los sectores productivos privados y los entes gubernamentales en Honduras reforzaron su alianza en este sentido a favor del cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Centroamericano respectivo.
Voceros de la Federación de Avicultores de Honduras (Fedavih) —incluyendo representantes de la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (Anavih) y Productores Avícolas de Honduras (Prohavi)— respaldaron y acompañaron las medidas de control, que buscan reducir al 12 por ciento máximo la inyección de agua en la carne de pollo. El incumplimiento se penalizaría con multas.
“Algunas importaciones son manejadas por empresas que, bajo prácticas ilegales, inyectan un mayor porcentaje de líquido a la carne”, que incluso se ha encontrado puede llegar al 30 por ciento del peso del alimento crudo, según lo reportó el diario catracho El País.
Este mismo medio agregó que, “bajo ese esquema, para asegurar al consumidor nacional que el producto que ingresa a los hogares se produce bajo normas de estricta vigilancia, se renovó el Convenio de Cooperación Técnica y Financiera, que vela por el correcto cumplimiento del procedimiento que regula el margen de tolerancia de pérdida de fluido permitido en el país”.
Norman Fasquelle, presidente de Fedavih, ratificó que el organismo gremial “apoya la iniciativa a través del fortalecimiento de los laboratorios con la dotación de la instrumentación requerida para realizar las inspecciones”.
Por su parte, Aldo Villafranca, de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), confirmó que la Dirección General de Protección General —adscrita esa entidad— es “la responsable de realizar las revisiones en los diferentes puntos de venta para la recolección de muestras y trasladarlas al laboratorio”.
De acuerdo con Villafranca, las compañías Cargill, Cadeca y Cortijo apoyan la firma del convenio. “Estamos asegurando al consumidor que los productos de estas compañías están siendo auditados por protección al consumidor. Estamos cerciorando a estas empresas de que los resultados de esas inspecciones están siendo avalados por instrucción del Gobierno, que protege al consumidor”, afirmó.
Mario Castejón, de la Dirección General de Protección al Consumidor, informó que “hemos venido realizando análisis en las cadenas más grandes productoras de pollo y hemos constatado que operan bajo los parámetros del reglamento. Aquellas empresas mayoristas o puntos de venta final que incumplan la norma, estarían siendo sancionados con multas que van desde un salario mínimo a mil salarios mínimos”.