25 de septiembre de 2020
(Alexandre Kuyumjian | FreeImages.com)
Empresarios del campo en ese país con un enorme sector agropecuario dependen de decisiones públicas para poder consolidarse sobre bases estables y propicias. Ojalá esta vez sea la vencida.
Si en algún lugar del mundo saben que el intervencionismo estatal es malo para los negocios, es en Argentina. Y quienes mejor lo saben son los agroempresarios, incluyendo en grado protagónico a los avícolas. Y lo saben sobre todo por dos tipos de vivencias acaecidas en este siglo: cuando los quieren ayudar y cuando no (léase, más impuestos).
Hace cerca de 10 años, en el gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde el Estado se les incentivó a endeudarse para crecer producción con el fin de abastecer al mercado venezolano. Aceptaron la propuesta y el espejismo duro muy poco; más tiempo han gastado tratando de cobrar lo enviado. De ese desastre quedan rezagos de infraestructura malograda, pero sobre todo de un montón de empleos que no podían sostenerse por la realidad del mercado, así la normatividad lo exigiera.
Cresta Roja es el botón más emblemático. Sus casi 1,500 trabajadores han pasado por varios patrones en los últimos cinco años, que quieren producir de nuevo pero no pueden con tal carga laboral. La reactivación de la empresa y el sostenimiento de esos empleos fue otra de las muchas promesas frustradas del anterior presidente Mauricio Macri, quien también se quedó corto con aquello de unificar a la baja el impuesto al valor agregado (IVA), sobre todo del huevo, curiosamente la proteína más gravada del país.
Volvieron al poder aquellos del espejismo venezolano y hace poco presentaron un gran as bajo la manga: una ambiciosa alianza con China para convertir buena parte del campo argentino en proveedor exclusivo, directo y masivo, empezando con la carne de cerdo y que luego podría extenderse a otros rubros como los avícolas de pollo y huevo.
El acuerdo está en proceso y, pese a los ambientalistas y animalistas que ven el diablo en todo, podría estar listo antes de que acabe este año. Una de las cuestiones que atrasó la firma es el tema ambiental (por parte de los argentinos) y el de las cargas tributarias y laborales (por parte de los chinos).
En este último punto, ya los agroempresarios argentinos se habían adelantado un par de meses atrás, antes de que apareciera el salvavidas chino (que no pocos califican como potencial escalera eléctrica al cielo), para estructurar de manera unificada un marco legal que supere precisamente esas falencias que ven los chinos en la competitividad argentina en general, y del campo en particular.
Menos impuestos, menos regulación y más incentivos para generar mucho empleo y las anheladas divisas fruto de la masiva exportación de la que es capaz el agro en ese país. Toda la apuesta está ahí, en esas dos iniciativas macro que, aparte de ser casi simultáneas, se complementan y enlazan en todo.
Ojalá se pueda. Sería una paradoja que se lograra con el actual gobierno por su histórica corriente política defensora del intervencionismo, los impuestos y el mayor gasto público. El aumento salarial para avícolas definido unilateralmente por el gobierno esta semana no fue una buena señal del futuro y sigue hablando del pasado.
Pero, ¿quién sabe? Podría ser; ya Argentina nos tiene acostumbrados a sus fascinantes contradicciones, aunque también a las oportunidades perdidas.
Cacareo: Se van agregando nombres a la lista de topónimos aviares, aquella que propusimos la semana pasada. Mencionémoslos no más, por ahora. Municipio de Cantagallo (Colombia) y otro Parque El Huevo en España, más una uruguaya Plaza del Huevo. Ahí vamos.