25 de octubre de 2017Un censo poblacional en América Latina puede costar unos 60 millones de dólares. Por lo menos eso es lo que nos gastaremos el próximo año los colombianos para saber cuántos somos y cómo vivimos. Hace trece años que no lo averiguamos.
Nadie cuestiona la importancia de contar con estadísticas confiables para orientar lo mejor posible nuestra limitada inversión pública. Por eso, un monto de esos no parece tan alto de cara a su utilidad. Lo que si genera dudas es la inevitable comparación costo-beneficio de otras mediciones que hacen los gobiernos, como las de actividades productivas, cuando se hacen.
Y el gesto de incredulidad se torna mayor si se trata de la producción agropecuaria, segmento en el cual es norma que los gobiernos terminen indagando por lo que ya se sabe; y para colmo, haciéndolo mal.
La verdad es una pena que esas cosas sucedan, sobre todo si se tiene en cuenta que deben recorrerse grandes distancias para recoger los datos, y no propiamente en las mejores condiciones climáticas o de movilidad, dadas nuestras precarias vías terciarias.
El año pasado, luego de casi 40 años en mora, Colombia realizó de nuevo un censo agropecuario. Cuando la avicultura esperaba esas cifras para, entre otras cosas, conocer la dimensión de las granjas semitecnificadas y la producción de traspatio, la fe en los resultados no fue tanta luego de saberse que para el gobierno se produjeron 40 millones de pollos menos de los efectivamente registrados por la industria, sobre los cuales se pagaron aportes parafiscales.
¿No habría bastado entonces hacerle un peritaje a las cifras del Fondo Nacional Avícola, que de por sí son vigiladas por la Contraloría General de la Nación? Con eso estaba ya cubierta la producción tecnificada y se habrían podido concentrar en las otras modalidades, con datos ciertos de cara a emprender esfuerzos tan colosales como la erradicación del Newcastle, por ejemplo.
Oportunidad perdida. En Panamá pasó recientemente algo similar, después de que el Instituto Nacional de Estadística dijera que el año pasado se produjeron 639 millones de huevos. De inmediato, la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá ripostó diciendo que sus registros hablan de 645 millones de unidades.
Ni modo de alegar manipulación de los privados, pues a ningún empresario le interesa declarar más de lo que produce. La avicultura formalizada depende de mediciones ciertas para lograr las eficiencias que le permite sostenerse y crecer. Gobiernos: aprendan de ella, no inventen con lo que funciona de tiempo atrás y ustedes lo saben.