18 de marzo de 2015La Corte Suprema de este país decidirá si deja en firme o no el fallo por colusión que condena al ente gremial
Los
abogados de las tres empresas y del ente gremial condenados por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia de Chile (TDLC) por conformar un cartel que
controló durante más de 15 años la oferta y el precio al detal de la carne de
pollo en el país austral, presentaron el 18 de marzo sus alegatos para tratar
de revertir los efectos de ese fallo en la Corte Suprema, instancia ante la
cual apelaron el caso.
Según
informó el Diario Financiero, los representantes de las firmas involucradas
(Ariztía, Agrosuper y Don Pollo) ampliaron sus argumentos en el sentido de que
tal colusión no es posible en una economía abierta como la chilena, donde buena
parte del consumo local de pollo es suplido con importaciones. El TDLC impuso
en septiembre pasado multas por US$60 millones y ordenó la disolución de la
Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA) por facilitar el supuesto
acuerdo ilegal.
La
defensa de la APA está a cargo del abogado Felipe Vidal, quien señaló que la
sentencia del TDLC es “gravísima e injusta. El fallo no evalúa que el mercado
chileno del pollo es uno de los más abiertos del mundo, circunstancia
propiciada por la misma APA. Queremos hacer hincapié en que desde el año 2000
hemos colaborado de forma reiterada no sólo en la negociación, sino también en
la ejecución de los acuerdos de libre comercio suscritos por Chile, los cuales
promueven la exportación y la importación de carne de pollo. Este solo y
contundente argumento hace absurda e inverosímil la teoría de que la APA haya
colaborado en la coordinación de acuerdos colusivos entre actores de esta
industria”.
El TDLC no solamente insiste ante la Corte
Suprema en la justicia de su fallo, si no que también pide una multa para la
APA y un incremento en la sanción económica para la firma Don Pollo. “Este
cartel propició un perjuicio para los consumidores chilenos cercano a los US$1,500 millones”, comentó en su momento el fiscal nacional económico, Felipe
Irarrázabal, quien tildó el caso como “el cartel más grande que el sistema de
libre competencia haya tratado de desbaratar”.