La Corte Suprema de Chile confirmó la decisión que en septiembre del año pasado había tomado el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) en ese país, en un episodio de colusión conocido como Caso Pollos.
Siete meses después de que se dieran los alegatos de los inculpados en el Caso Pollos, el jueves 29 de octubre la Corte Suprema de Chile anunció su veredicto ante el recurso de apelación que interpusieron los abogados de las tres más grandes empresas productoras de carne de pollo y de la asociación gremial avícola en esta nación suramericana. Así lo informó el Diario Financiero, de la ciudad de Santiago.
El máximo organismo judicial chileno decidió ratificar en su totalidad la condena que por colusión dictaminó en septiembre de 2014 el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) de Chile. En dicha providencia, se sancionó con multas por 60 millones de dólares a las compañías Agrosuper, Don Pollo y Ariztía por haber acordado topes de producción y precios de venta al detal de sus productos, con el fin de mantener su posición dominante en el mercado y niveles de ingresos superiores a lo esperado.
La condena emanada por el TDLC también ordenó la disolución de la reconocida Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA) por su participación activa en la ya referida cartelización que afectó a los consumidores chilenos. Sin embargo, la Corte Suprema no solamente confirmó la disolución de APA Chile; “también ordenó que el ente gremial debe pagar una multa equivalente a 10,000 millones de pesos (14.5 millones de dólares)”, agregó por su parte el canal Tele13.
Las tres empresas multadas deberán pagar sanciones por 60 millones de dólares, distribuidas así: 25 millones de dólares para Agrosuper y Don Pollo (cada una), y diez millones de dólares para Ariztía. Según estimaciones de la prensa especializada, las tres empresas castigadas controlan más del 80 por ciento del mercado de la carne de pollo en Chile.
En el lapso que se tomó la Corte Suprema para estudiar la apelación, se conoció que las empresas cobijadas por esta medida podrían afrontar además demandas civiles que sumarían erogaciones cercanas a los 1,200 millones de dólares. Esta cifra es la que propone la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), tomando como base un documento preparado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en 2012, en el cual se consigna que el daño generado por la colusión entre las avícolas supera dicho monto para el periodo comprendido entre 1996 y 2010.