18 de enero de 2012Agrosuper, Ariztía, Don Pollo y la Asociación de Productores Avícolas de Chile se defienden tras la acusación de colusión realizada por la Fiscalía Nacional Económica.
Las tres reconocidas empresas avícolas chilenas, quienes concentran 92% de la producción nacional de pollo y 93% de la comercialización de esta carne en el país, niegan haber seguido recomendaciones de producción por parte de la Asociación de Productores Avícolas. Luego, que la FNE asegurara que la APA era utilizada para “celebrar y ejecutar un acuerdo entre competidores, consistente en limitar su producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional, y asignarse cuotas en el mercado de producción y comercialización de dicho producto”.
Es por esto, que la FNE solicitó al Tribunal de Libre Competencia, que se condene con multas de US$27 millones de manera separada a Agrosuper, Ariztía, Don Pollo y US$18 millones a la Asociación de Productores Avícolas además de su disolución.
Por su parte, Agrosuper negó tajantemente la acusación interpuesta por la Fiscalía Nacional Económica, FNE. Además, aseguró que las imputaciones de la entidad no son efectivas y “desconocen la realidad de los mercados relevantes, que demuestra inequívocamente el correcto funcionamiento de éstos”.
En este mismo sentido, Ariztía afirma que la información entregada por la FNE al Tribunal de Libre Competencia es “errónea, sesgada e incompleta”, debido a que ésta margina aspectos fundamentales que intervienen en el mercado de los productos de carne de pollo, como lo son la influencia de las importaciones y los productos sustitutos que restringen y disciplinan el comportamiento de las industrias nacionales, como lo son la influencia de las industrias de las carnes de pavo, cerdo y vacuno.
Siguiendo la argumentación de Agrosuper y Ariztía, Don Pollo asegura no haber participado en ningún acuerdo de limitación de producción y asignación de cuotas. Es más, subraya que: “la producción real de Don Pollo de los últimos 5 años es diferente de la planteada por la autoridad según las estimaciones de la APA, lo que confirma que su producción se resuelve en forma independiente”.
Agrega además que: “La sanción solicitada por la Fiscalía es desproporcionada e injustificada. No considera ninguno de los criterios establecidos en la ley”. Por otro lado, esta empresa fundamenta que los intercambios de información sobre diversas materias relevantes para la industria al interior de una asociación gremial son perfectamente lícitos, más aún cuando se trata de información que es pública que puede ser obtenida sin mayores restricciones a través de publicaciones de la autoridad administrativa.
Es así como la Asociación de Productores Avícolas de Chile, APA, refuerza la idea de que sus actividades han estado enmarcadas dentro de un rol gremial –representando al sector avícola ante autoridades nacionales e internacionales- y niegan haber realizado ningún acuerdo que limite la producción de las industrias avícolas.
Argumentando, en su respuesta entregada el 5 de enero, que la existencia de un acuerdo de colusión “carece de sentido económico frente a un producto transable como es la carne de pollo, en un país con uno de los mercados más abiertos del mundo, donde el índice de comercio internacional es de 38% y el precio de la carne pollo está arbitrado por el precio internacional”.
Por último, cabe destacar que las respuestas de los imputados dadas a conocer a través de un comunicado público, serán analizadas por el Tribunal de Libre Competencia para esclarecer definitivamente los hechos.